El presidente de la patronal de la construcción, FEPECO, ha venido siendo desde hace unos años una especie de conciencia crítica de los gobernantes. Su pasión por la comunicación y sus ideas, que defiende sin resignarse, le llevan a una presencia constante en medios por más que algunos consideren, o puedan considerar, que esta sobreexpuesto. En realidad, parece sobrellevarlo con calma y espera que en algún momento no se le despache solo con buenas palabras, también que se pase a los hechos. Porque en el diagnóstico no parece estar solo, ese exceso de burocracia que eterniza los proyectos. Y si es comparte el análisis, ¿por qué no las soluciones?
Usted ha venido criticando que el exceso de burocracia lastra el normal funcionamiento del sector. Y ha propuesto como medida que se externalicen ciertos trámites, como las licencias de obras mayores.
Es que es una medida que se ha demostrado eficaz allí donde se ha implantado, ya existe en otros lugares de la Península, incluso en Tenerife hemos tenido un caso concreto. Cuando era concejal de urbanismo en La Laguna, el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, lo aplicó con el Colegio de Arquitectos y resultó un éxito absoluto. Con la puesta en marcha, para desatascar las licencias urbanísticas, de la utilización de las Entidades Colaboradoras de la Administración o Colegios Profesionales, que permite acudir a entidades externas autorizadas para la gestión de los trámites relativos al proceso de edificación se recortan los plazos y se gana tiempo. Los expedientes tramitados por estas entidades deben remitirse al ayuntamiento para que este compruebe que se ajusta a la legalidad urbanística. Esta fórmula, con entidades privadas y colegios profesionales o empresas especializadas, podrán realizar todas las comprobaciones en los proyectos presentados, dejando que los ayuntamientos den el último paso dando el apoyo jurídico. Es decir, las Entidades externas no aprueban las licencias y ha de ser en última instancia el ayuntamiento el que dé el visto bueno. Queremos que las empresas homologadas o Colegios Profesionales puedan llevar a cabo las comprobaciones, para reducir la burocracia, tanto para los ciudadanos, como para las empresas de las islas y también para los inversores.
Pero la verdad es que estas ideas luego se dan de bruces con la realidad, no se implantan o cuando se hace, se tarda una infinidad de tiempo.
Si no se avanza, estamos peor. Tardanza desesperante en la resolución de cualquier expediente administrativo, afectando tanto a los ciudadanos en general, como al conjunto del tejido empresarial en cualquier sector económico. No hay manera, ni por activa ni pasiva, que las licencias de obra mayor se otorguen dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente; los pagos a proveedores ponen en vilo la supervivencia de las empresas, que al final, están financiando a la administración pública, es lo que se llama el mundo al revés. En Canarias, todos los problemas que padecemos tienen su origen en una función pública ineficaz, que parece ser que es una enfermedad incurable o enfermedad rara, que nadie encuentra pócima alguna para solucionar. Mientras sigamos así y no se coja al toro por los cuernos, enfrentando la situación sin mayor dilación o vacilación, no habrá progreso, ni desarrollo sostenible alguno.
De ahí que surgiera la existencia de empresarios héroes o abiertamente valientes.
Hay profesiones y ocupaciones peligrosas en sí mismo, otras más calmadas, además de las muy arriesgadas. También las que podríamos denominar “valientes” y en ese ámbito tenemos que poner la del promotor inmobiliario, por todas las trabas, pegas, tardanzas y contratiempos que tienen que soportar en el ejercicio de su ocupación profesional, principalmente por parte de una administración pública que, en vez de ser colaboradora, que es su deber, se convierte en estorbadora, que es su defecto principal. Lo que define la actividad promotora actualmente, es la incertidumbre constante porque sus proyectos, que nacen con una planificación muy precisa y estudiada hasta el mínimo detalle, después se encuentran con persistentes obstáculos en el camino, donde los tiempos se dilatan desesperadamente, los plazos son imposibles de cumplir por cuestiones ajenas a la gestión propia y las inversiones se quedan en el limbo, al albur de resoluciones burocráticas que casi nunca llegan en tiempo y forma.
Asume demasiadas responsabilidades y presiones personales, que si financieras, por un lado, que no son pequeñas y suelen acarrearle bastantes dolores de cabeza, así como preocupaciones hasta que no tiene asegurado los préstamos necesarios. Impaciencia, angustia y desespero, ante el muro infranqueable de una burocracia que cuenta con los medios tecnológicos del siglo XXI, pero después, incomprensiblemente, resuelve los expedientes, informes sectoriales y licencias de obras mayores con tiempos de resolución del siglo XIX. Que alguien explique esta paradoja, imposible de entender y menos de aceptar. Chapó por los promotores en Canarias.
Son quejas recurrentes, no parece que constituya prioridad para político alguno, empeñados en tratar con aspirinas lo que seguramente requiere cirugía mayor.
Tenemos que enfrentarnos todos los días a una administración pública ineficaz, entorpecedora, molesta y obstruccionista, lo que se produce todo a la vez, creando una vorágine de problemas, recursos, contenciosos y demás quejas admitidas en el derecho español, tanto por parte de los empresarios, como de los ciudadanos, que lo único que hace es hacer perder el tiempo y recursos económicos a los que generamos riqueza social para nuestra tierra. Hay que plantear seriamente y con urgencia, con el compromiso y el consenso responsable del gobierno, oposición, patronales y sindicatos, una nueva normativa de la función pública, donde venga especificado de manera taxativa, la productividad, cuantificable y verificable de los empleados públicos y no como sucede ahora, que se impone en la nómina por uso y costumbre, sin ninguna comprobación del trabajo realizado.
Cuando se produce, que lamentablemente es en pocas ocasiones, retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, es de justicia, pero tiene que ser un hecho verificado y probado empíricamente y en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. No puede ser una generalización que se da por obvia, cuando todos sabemos que en la mayoría de los casos no se produce tal actividad fecunda. Esto es lo que pasa ahora y hay que cambiar radicalmente.
Usted reitera el mensaje de urgencia pero no parece que se atienda debidamente
Se necesita de medidas urgentes que pongan alguna solución al desmadre de una función pública carente de eficacia gestora. Claramente no sirve, es más, sólo es buena para molestar: lenta hasta la impaciencia, incumplidora de los plazos de resolución de expedientes o licencias como norma de conducta habitual, sin ninguna responsabilidad por los retrasos, sin que nadie asuma obligaciones o alguna inhabilitación, dando mal ejemplo a los ciudadanos o empresas, a los cuales, por el contrario, son muy expeditivos al exigir los tiempos establecidos por la normativa vigente para pagar impuestos, con los que se nutren los buenos y seguros sueldos de los que no terminan nada o dejan caducar papeleos, certificaciones, documentación, recursos, informes y demás andanzas. Los empresarios y en particular, los promotores y constructores y todo el amplio abanico de actividades que comprende el sector de la construcción, estamos verdaderamente hartos, extremadamente cansados y ciertamente indignados, con lo que tenemos que enfrentarnos día tras día, pero nunca vencidos porque no lo conseguirán jamás Es una verdadera batalla de ver quien aguanta más, si la supervivencia de la empresa, con el esfuerzo titánico del empresario o empresaria para mantenerla viva, con el empleo y la riqueza social que engendra o la torpeza demostrada por una administración pública que no tiene como mínimo vergüenza, ni ritmo y menos ganas de trajinar. Hay una frase que lo resume todo de manera elocuente, “la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil”
Pero muchas veces se busca un chivo expiatorio, que como dice Carlos Rodríguez Braun es el mejor amigo del hombre, no el perro. Y los constructores o promotores salen retratados, no siempre para bien. Lo vemos claramente en el tema de la vivienda.
La falta de vivienda social, pública o privada en Canarias tiene culpables conocidos, responsables públicos, que no sabían nada al respecto, ni contaban con formación mínima imprescindible, ya que estaban allí porque tocaba por cuota de isla, amiguismo, seguidismo al líder o también, porque no había otro sitio donde colocarlos, porque la vivienda para los variados gobiernos ha sido siempre la asignatura maría, recordamos que era la que no requería esfuerzo por parte del alumno para ser aprobada. Pero también, hay que señalar y remarcar a los funcionarios que nunca dieron la talla y en cambio, se creían y ejercieron como reyes de taifa en el Servicio de la Función Pública correspondiente, sin resultados halagüeños, sino espurios. Todos los partidos políticos han tenido su parte de irresponsabilidad, ninguno se salva, por lo menos los que han gobernado a lo largo de las últimas décadas y no han sabido, podido, querido o les ha faltado capacidad de gestión, para hacer posible la construcción de las viviendas requeridas. Es más, no sólo han fallado estrepitosamente en la gobernanza pública, sino que en algunos casos y no son pocos, llevaron a la ruina a empresarios, que apostaron y creyeron en lo que les prometieron y nunca cumplieron.
No hay que olvidar que, en un principio, la Dirección General de la Vivienda, después reconvertida en el Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, jamás cumplió con las expectativas que todos teníamos al comienzo de un Gobierno Autónomo. Con el tiempo se desdibujaba cualquier esperanza y todo se iba en reuniones vanas, disculpas cada cual más antipática o esperas insoportables para mover cualquier expediente. La verdad que ahora, después de muchos años, estamos con la confianza y certeza de que se ha producido un cambio importante, el nuevo director general del ICAVI, tiene la suficiente experiencia gubernativa y lo que es más importante, ha sido alcalde reiteradamente, por lo que ya es una garantía de que sabe lo que tiene entre manos y hay que resolver. Aunque después de lo dicho, nada cambiará, si no se desatasca la pipeta, que son los ayuntamientos a la hora de la concesión, en tiempo y forma, de las licencias de obra mayor y la gestión rápida del suelo. Un enigma.
¿Y qué hacer para paliar el problema?
Hay que incrementar inaplazablemente el parque de vivienda, tanto privada, social, de protección oficial y principalmente en alquiler asequible, que pasa necesariamente por la implantación viable de una normativa que de seguridad jurídica cierta, que no sea un freno como pasa actualmente, que supone lo contrario de lo que se pretende, sino una garantía para los promotores y propietarios, además, hay que parar la intromisión de lo público en el mercado poniendo límites a los precios del alquiler, porque éste sabe autorregularse suficientemente, sin necesidad de que se impongan precios desde despachos enmoquetados y con aire acondicionado. Cuantas más viviendas haya en alquiler el precio bajará, por el contrario, la escasez es la que produce el incremento desmesurado de los alquileres, es matemático y de primero de economía. El Gobierno de Canarias, tiene que asumir la responsabilidad de acometer este problema de manera valiente, sin demora alguna, porque desde hace años ya es tarde. Hay que encontrar la solución adecuada, que existen más de una, pero reclaman gallardía para terminar con este calvario, que pone en peligro la estabilidad empresarial o el trabajo de miles de personas. Hay expedientes esperando más de tres años y todavía nos dicen que no son capaces de asegurarnos plazos de conclusión.
