Desde el año 2015 la Agencia Tributaria publica un listado con los principales morosos fiscales del país. Una relación de personas físicas y jurídicas que mantienen una deuda con el Estado a juicio del Gobierno. Este último detalle es de especial relevancia porque es una agencia gubernamental dependiente del poder Ejecutivo la que establece quienes les deben dinero sin esperar al otro poder del Estado, el judicial, para que determine si estas deudas se atienen, realmente, a lo que denuncian los funcionarios a sueldo de Hacienda. Mientras se resuelven estos pleitos las personas y empresas señaladas por el Gobierno que aparecen con nombres, apellidos y NIF en el listado son tratados como delincuentes en la plaza pública con medios de comunicación que se entretienen en resaltar nombres famosos que puedan darles algún titular y más audiencia sin que la utilidad del listado de deudores a la Hacienda Pública haya demostrado su eficacia para lo que fue diseñado: conseguir liquidar estas deudas y aumentar así la recaudación.
Año tras año, coincidiendo con la campaña de la declaración de la Renta, el Ministerio de Hacienda publica el listado de aquellas personas y empresas que considera que le deben dinero. Hay que remontarse a octubre de 2015, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien dispuso una orden ministerial para que ese año se hiciera pública la lista de los morosos con la Hacienda Pública cuya deuda superase cierto umbral. Si bien en un principio era de 1 millón de euros éste se rebajó hasta los 600.000 euros ampliando la lista de supuestos defraudadores. El año siguiente, dejó otra norma en la que establecía “la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas” ya no para ese año sino para los venideros. Estos reglamentos venían a desarrollar el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria de 2003 y desde entonces siguen vigentes. Una herencia política que el gobierno de coalición entre socialistas y comunistas recibió con júbilo estatista. Aunque la principal finalidad de la publicación de esta lista es disuadir el incumplimiento fiscal y fomentar el pago de deudas tributarias año tras año se ha cuestionado su efectividad e incluso la Justicia ha limitado el abuso que los políticos cometían contra los ciudadanos al publicar esta línea que, en realidad, busca el escarnio público y amedrentar a quienes tienen disputas -legítimas- sobre sus deudas con Hacienda.
Y es que aunque existen toda una maraña de leyes y reglamentos de protección de datos que las personas y empresas deben cumplir a riesgo de ser sancionados, el Estado se guarda exenciones legales en las que puede saltarse estas limitaciones. Quizá el caso más flagrante sea este en el que todos los años publica un listado con el nombre, apellidos y otros datos personales atribuyendo, además una deuda a un ciudadano que tal vez no tenga. La privacidad y la presunción saltan por los aires con la lista de morosos que además quedan estigmatizados de por vida aunque la justicia termine dándoles la razón sobre su deuda o en el caso de las empresas que que se encuentran en un procedimiento concursal y que, por tanto, tienen prohibido cumplir las obligaciones de pago contraídas antes de la declaración del concurso por ley. Ya no es por tanto que la lista sea criticable desde un punto de vista ético o de los derechos de la privacidad sino que se adelanta en imputar hechos sancionables a empresas y particulares que pueden ser completamente inocentes.
Ya en 2021 un estudio publicado por la revista Crónica Tributaria, dependiente del propio ministerio de Hacienda, certificó la escasa utilidad de este listado porque “no disuade a los potenciales deudores relevantes”. Curiosamente este informe titulado “La modificación del comportamiento del contribuyente a través de la divulgación de su identidad en el listado de incumplidores relevantes” señala que “la probabilidad de pago decrece considerablemente cuando se divulga quienes tienen cuantías muy elevadas de deuda” mientras que parece tener mayor impacto en los deudores con menores cuantías, seguramente porque son los que pueden evitar ser sometidos a este escarnio público mientras que el resto ya lo dan por descontado e inevitable. El estudio, además, apunta otras hipótesis interesantes como el hecho de que si muchos de los deudores continúan en el listado tras aparecer año tras año es porque… no pueden pagar. La falta de capacidad económica para hacer frente estos pagos se convierte en imposibilidad de pago y en consecuencia de nada sirve que sus nombres se continúen publicando. A pesar de este riguroso análisis elaborado por el profesor Bernardo D. Olivares Olivares el ministerio de Hacienda no ha tenido a bien incorporar algunas de sus propuestas de mejora que podrían suplir las carencias de la norma haciéndola útil al fin para el que teóricamente fue diseñada.
Recientemente el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido este viernes de que solo el 3,3% de la deuda de la lista de morosos se ha cobrado, por lo que reclaman a la Agencia Tributaria que ofrezca una mayor transparencia y facilite todos los detalles de cobros, anulaciones e insolvencias provisionales o definitivas de esta lista. Y lo que es más grave para los intereses de Hacienda, son sus propios trabajadores que en muchos casos realizan las inspecciones quienes recuerdan a sus jefes políticos que “la lista de morosos es básicamente de una lista de desahuciados económicos de los que buena parte nunca pagarán sus deudas” coincidiendo con la tesis expuesta hace varios años por el profesor Olivares. Un comunicado que repiten, más o menos, todos los años recordando que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí sola aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro, y además se confunde a la sociedad porque no todos los deudores son defraudadores, entre otras deficiencias del listado. Lo más grave, quizá es que aluden al dictamen del Consejo General del Poder Judicial que ya alertó en el pasado que el listado no informaba del origen de las deudas, metiendo en el mismo saco a defraudadores y a quienes no han pagado, vencido el período de pago voluntario, por imposibilidad de pago o insolvencia. No parece que a nadie en las altas esferas del Ministerio de Hacienda parezca importarle todas estas deficiencias detectadas que no se resuelven listado tras listado.
De hecho, la Agencia Tributaria solo ha rectificado -en parte- obligada por una sentencia de enero de 2023 en la que la Justicia determinó que solo podrían ser incluidos en la lista negra de la Agencia Tributaria las personas físicas o jurídicas con deudas o sanciones firmes. A pesar de la reducción de nombres que aparecen en el listado el daño moral jamás se borrará para quienes aparecieron en estos listados de forma ilegal y fueron señalados en todos los medios de comunicación como infractores. Aún así, la presunción de veracidad que tienen las acciones de los funcionarios de Hacienda provocan la indefensión de particulares y empresas a quienes se les atribuyen infracciones y deudas sobre las que se invierte la carga de la prueba, teniendo que demostrar y litigar en los tribunales si aspiran a contradecir lo que les atribuye la Agencia Tributaria. Pero nadie asumirá la responsabilidad ni se harán listas de políticos y funcionarios responsables de cometer semejante atropello contra ciudadanos y empresas de nuestro país. Como siempre ocurre nadie vigila al vigilante, que es muy severo con los otros pero muy complaciente consigo mismo.
Lo cierto es que gran parte de la deuda que aparece en este listado jamás se recuperará. Basta fijarse en que las principales empresas que no abandonan la lista arrastran su deuda desde hace casi diez años porque son empresas inmobiliarias que quebraron durante la crisis. Empresas en liquidación que no recuperarán su capacidad económica o incluso empresas en concurso de acreedores que no están habilitadas legalmente para poder hacer frente a estas deudas. Entre tanto las sociedades pueden hacerse y deshacerse por lo que sus deudas se quedan en empresas del listado y otras nuevas continúan las actividades… incluso contratando con el sector público saltándose las prohibiciones para conseguir adjudicaciones públicas. La Agencia Tributaria conoce estas deficiencias pero no parecen importarles, y del ministro Montoro a la ministra Montero han azuzado el populismo fiscal no tanto para recuperar para el Estado un dinero que consideran defraudado sino como una práctica coactiva basada en el oprobio público para amedrentar a los contribuyentes, no tanto a los que figuran en la lista a quienes no les importa o de hecho no importa que aparezcan porque se trata de sociedades en liquidación o personajes internacionales a quienes los funcionarios españoles no consiguen atemorizar.
No es casualidad que la publicación de este listado de morosos se realice en plena campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas pues su principal utilidad no es la de que los supuestos deudores que allí aparecen salden sus deudas -de hecho muchos no pueden hacerlo ni lo harán- sino porque estamos ante una medida ejemplarizante para amedrentar al resto de ciudadanos y recordarles que deben declarar hasta el último céntimo, hasta el punto de que la Agencia Tributaria reclama las ventas de segunda mano en plataformas digitales o los regalos de boda. La factura del Estado y sus empleados es abultada, nada es gratis y financiar unos presupuestos expansivos año tras año solo es posible con una mayor recaudación de impuestos basada en la extorsión a los contribuyentes. Si de verdad estuvieran interesados en una recaudación justa ya habrían corregido los errores del listado para su “utilidad limitada” denunciada por el profesor Olivares y certificada por Gestha fuera corregida. En lugar de exponer públicamente a los deudores, la Agencia Tributaria podría enfocarse en medidas más discretas y específicas que preservaran la privacidad y la dignidad de los supuestos deudores. Incluso podrían renunciar a la voracidad fiscal y bajar los impuestos para desincentivar la elusión fiscal ante el expolio tributario que sufren los españoles. Claro que, en ese caso, se desatendería la finalidad no declarada por el Gobierno del listado de morosos que no es otra que generar pánico fiscal entre los contribuyentes recordándoles que están indefensos ante el poder de ese terrible, pesado e insaciable Levitan que es el Estado.
