La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha alzado la voz de alarma ante una situación que pone en jaque la conectividad aérea de Canarias: el impago por parte del Gobierno de las subvenciones a residentes, que las aerolíneas han tenido que adelantar de su propio bolsillo. A enero de 2025, la deuda del Estado con las compañías asciende a 810 millones de euros, una cifra que podría dispararse hasta los 1.500 millones este año si el Ejecutivo no actúa. Este despropósito, fruto de un intervencionismo público mal ejecutado y de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, amenaza con asfixiar a las aerolíneas y, con ellas, la cohesión territorial y el desarrollo económico de las islas.
El sistema de subvenciones, que bonifica hasta el 75% del precio de los billetes para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, es un ejemplo clásico de las promesas del Estado que terminan descargando su peso sobre el sector privado. Las aerolíneas, convertidas en meros intermediarios de las administraciones públicas, aplican los descuentos en el momento de la compra y luego deben esperar —a veces eternamente— a que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) les reembolse. Sin embargo, el Gobierno, atrapado en su propia burocracia y en una planificación presupuestaria irreal, ha incumplido sistemáticamente sus compromisos. En 2024, los retrasos en los pagos se acumularon, y en 2025, con unos PGE prorrogados desde 2023, el panorama no es más alentador.
Mientras las aerolíneas han aumentado un 18% la conectividad con Canarias respecto a 2019 —con 61,81 millones de asientos ofertados en 2024—, el Ejecutivo ha respondido con una asignación presupuestaria ridícula: 560,81 millones de euros en 2023, complementados con 170 millones adicionales del Fondo de Contingencia. Una gota en el océano frente a una demanda real que supera con creces estas cifras. “La asignación está infradotada, y el problema se repetirá en 2025”, denuncia Javier Gándara, presidente de ALA, quien critica la falta de visión y compromiso del Gobierno frente a un sector que sostiene el 35,5% del PIB canario y el 40% de su empleo.
El intervencionismo del Estado no solo se queda corto en fondos, sino que también revela una gestión ineficiente. Para otros asuntos para que el Gobierno sí es capaz de encontrar dinero y modificar, por la puerta de atrás, los presupuestos prorrogados. Las aerolíneas, que no tienen ninguna responsabilidad en el diseño de esta política, se ven obligadas a soportar una deuda multimillonaria que compromete su viabilidad. Algunas ya advierten que podrían reducir frecuencias o incluso abandonar rutas esenciales entre las islas y la península si la situación no se corrige. Las agencias de viajes, por su parte, también sufren las consecuencias, atrapadas en un limbo financiero por los impagos que el Estado canaliza a través de las aerolíneas.
Este fiasco pone de manifiesto los límites de un modelo en el que el Gobierno promete beneficios sociales sin garantizar los recursos para sostenerlos, dejando al sector privado como pagador de última instancia. “Si esto sigue así, la operación de estas rutas podría volverse inviable”, alerta Gándara, subrayando que el transporte aéreo no es un lujo, sino el pilar del desarrollo económico y social de Canarias. Mientras el Ejecutivo se enreda en sus propios cálculos fallidos —la partida de 2023 fue inferior a la de 2021 y 2022—, las aerolíneas y los ciudadanos quedan a la deriva.
ALA exige una solución inmediata: el pago de lo adeudado y una reforma presupuestaria que ajuste las partidas a la realidad. Sin embargo, con unos PGE prorrogados y un gasto estimado de 1.200 millones en subvenciones para 2025, sumado a los 810 millones pendientes, el horizonte es sombrío. La conectividad aérea de Canarias no debería ser rehén de la incapacidad del Estado para cumplir sus propias promesas y parece que la paciencia de las aerolíneas está llegando a su límite.
