Las leyes sobre el territorio, la inflación regulatoria y el señalamiento del turismo como causa de los males explican la continua pérdida de posiciones del Archipiélago con respecto a otras regiones españolas.
La pregunta se la puede hacer cualquier persona a lo largo de su vida para saber de dónde viene y adónde va, cómo le están yendo las cosas y si va cumpliendo con las metas que se ha trazado. La misma pregunta se la puede hacer una sociedad y, al igual que las personas, responderse con mayor o menor sinceridad, con mayor o menor rigor, ya que la realidad a veces la podemos presentar de manera que sea algo más digerible. Lo cierto es que si se trata del conjunto de Canarias ese examen que precisa de la perspectiva del tiempo no resulta necesariamente halagüeño.
Podemos engañarnos y citar aspectos coyunturales para decir que todo va fenomenal, mencionar lo llenos que están los restaurantes, los millones de turistas que llegan o que la tasa de emancipación crece, con los jóvenes del Archipiélago como los que menos tiempo tardan en dar el paso a la independencia, solo superados por los catalanes. Sin embargo, ampliando un poco más el foco, aparece una mirada no tan favorable y que indica un lento pero imparable declive de la economía canaria. La brecha del PIB per cápita entre Canarias y España muestra una evolución poco favorable, porque la economía regional y la nacional presentan trayectorias divergentes durante las últimas dos décadas. Si bien ambas han crecido, lo han hecho a ritmos diferentes, lo que ha resultado en una brecha cada vez mayor entre sus niveles de renta.
En el año 2000, el PIB per cápita de Canarias representaba el 97% del de España, al situarse en 20.703 euros frente a los 21.401 euros de la media nacional, una diferencia de apenas 698 euros. Dos décadas después, la brecha se ha ampliado considerablemente. En 2023, el PIB per cápita de Canarias se situó en 25.534 euros, mientras que el de España alcanzó los 32.100 euros. La diferencia actual es de 6.566 euros, más de diez veces mayor que en el año 2000, un retroceso preocupante. Esta evolución significa que Canarias ha perdido terreno en comparación con el resto de España en términos de renta por persona, ya que en 2000 se encontraba a solo un 3% por debajo de la media nacional y en la actualidad, ese porcentaje ha aumentado a un 20%.
A todo esto se añade que España a su vez ha retrocedido frente a otros estados europeos en el mismo período. Nuestro país se encontraba en la 10ª posición dentro de la Unión Europea (UE-27) en términos de PIB per cápita, con un valor de 24.700 euros (a paridad de poder adquisitivo) en el año 2003. Veinte años más tarde, ha descendido hasta la 16ª posición, con un PIB per cápita que crece hasta los 32.100 euros, pero que en términos relativos le hace perder seis puestos en las últimas dos décadas. Y todo pese a que los inicios del nuevo milenio todavía mostraban una España que crecía, como lo muestra el periodo 2003-2008, previo a la crisis financiera, en que el país experimentó un ascenso notable, escalando hasta la 8ª posición en 2007, con un PIB per cápita de 35.800 euros. Pero en el quinquenio 2008-2013 se produce una caída pronunciada que la hizo retroceder hasta la 14ª posición, con una renta de 25.600 euros.
Si ponemos la mirada un poco más allá, por ejemplo, en América, las noticias son mucho más preocupantes. El PIB per cápita en España frente al de Estados Unidos, ajustando por inflación y poder adquisitivo, muestra que hace veinte años la brecha era del 28%, pero ahora ha aumentado hasta el 41%. En términos de dólares, la diferencia en renta entre España y Estados Unidos era de 14.000 a comienzos de los años 2000 y ahora es de 26.000 dólares. Durante este período, España ha aumentado su PIB per cápita en 2.000 dólares, mientras que Estados Unidos lo ha hecho en 14.000 dólares, es decir, siete veces más.
Frente a todo esto, alguien podría estar tentado a destacar datos que sí son alentadores, como por ejemplo la reducción del paro en los últimos tiempos. Es ese un dato de la realidad, pero que debe ser necesariamente matizado. Es cierto que las previsiones auguran que el ciclo de creación de empleo proseguirá, para permitir una reducción de la tasa de paro hasta el 11,2% a finales de este año, pero es este un nivel todavía muy elevado en la comparación europea. Si bien el desempleo sería mayor que en la anterior previsión, la revisión refleja un ajuste al alza de la población activa, pero se debe principalmente a la incorporación de trabajadores extranjeros. Pero si nos detenemos a ver la cantidad de horas trabajadas encontraremos señales preocupantes.
En el primer trimestre de este año el número total de horas trabajadas fue un 0,3% inferior al del mismo periodo del año anterior y marca un hito, al ser el primer descenso interanual de las horas trabajadas desde la pandemia. Una de las causas es el aumento de las vacaciones y los casos de enfermedad, por lo que el aumento de días laborables perdidos también podría explicar el crecimiento del empleo que ha vivido España en los últimos años. De modo que estamos ante una economía que crea cada vez menos empleo real y que lo que hace en realidad es repartir los mismos puestos entre más personas.
Lo que se trabaja en Canarias
La tendencia se demuestra si se atiende al número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas a tiempo completo. Entre abril y junio de 2008 este indicador alcanzó los 680 millones de horas, mientras que en 2023 se ha quedado en los 622 millones. Es decir, con cifras de ocupación similares a tiempo completo (unos 18,2 millones de personas), las horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas a tiempo completo han caído un 9%. Pese a todo, si miramos específicamente en Canarias, la estadística más reciente (EPA) nos dice que el promedio anual de horas trabajadas por cada trabajador en Canarias es de 1.799 horas, lo que la convierte en la comunidad autónoma con el mayor número de horas trabajadas por trabajador en España. Los empleados canarios trabajan 235 horas más al año que la media nacional, una diferencia que se puede atribuir a la mayor presencia de sectores con jornadas laborales más largas, como la construcción y la hostelería. O a la menor incidencia del trabajo a tiempo parcial en Canarias.
No es tan de extrañar que, dado que trabajan más personas, pero cada una de ellas produce menos que antes, las cifras de consumo no muestren buenos datos. El consumo real per cápita apenas supera en un 0,1% el nivel previo a la pandemia, en términos reales (es decir, descontada la inflación). Además, debido al crecimiento de la población, el consumo real per cápita sigue siendo inferior al de 2019, en un 2%. Y si nos fijamos en el consumo real por hogar, el descenso con respecto a 2019 es incluso mayor, un 3,4%, según datos de Funcas. Los sucesivos aumentos del salario mínimo y la revalorización de las pensiones no han logrado revitalizar el consumo, por lo que lo que sí ha crecido es la tasa de ahorro, que en 2023 se situó en el 11,7% de la renta bruta disponible, por encima del 8,2% que se registraba en 2019.
El caso canario, si hablamos de renta disponible, suma un añadido extra nada desdeñable. Y es que el tramo autonómico de recaudación del IRPF ha tenido estos años una evolución nada favorable para el contribuyente. El incremento acumulado desde 2015 a 2023 ha sido de un 62%, con picos de un 15,04% en 2016 y bajas de 5,24% en 2021. Si eso lo comparamos con los incrementos salariales pactados en convenios desde 2015 hasta 2022 han sido de en torno a algo más del 1% anual, a excepción del 3% de 2022. Los datos los aportaba hace pocos días Juan Romero Pi en el Diario de Avisos y concluía que “se puede afirmar que existe una desproporción manifiesta (y abusiva) entre el crecimiento salarial y el del IRPF en Canarias, tanto año a año como de forma acumulada, mientras que de media el IRPF ha crecido el 7,75% el crecimiento de la media salarial ha sido del 1,7%”.
A ello se le suma la particular fiscalidad canaria, que recae en el consumidor a través de dos impuestos principalmente, el IGIC y el AIEM. Sabido es que el actual gobierno regional ha faltado a su promesa electoral de reducir el IGIC. Pocos se sorprenderán. Lo que sí puede sorprender a algunos es que se esté no solo descartando la posibilidad de bajarlo, sino barajando la medida de elevarlo, incluso con la complicidad de algunas organizaciones empresariales. Lo presentan como una alternativa menos dañina que la de un impuesto al turismo (la “ecotasa”); algo así como tener que elegir entre la horca y la electrocución.
Más gobierno, más regulación
Si nos ponemos a analizar posibles causas de por qué es que la economía canaria no es capaz de generar una mejora en las condiciones de vida de la población, no podemos dejar de lado que la de hoy es una sociedad con mucha más intervención por parte de sus gobiernos. Si miramos la evolución desde el año 2014 hasta 2021, Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento en la producción normativa, tras Cantabria, en un país como España, que se caracteriza por ser uno de los países en el nivel mundial con mayor obesidad legislativa.
Un informe de la CEOE Tenerife al respecto puntualiza que la crisis sanitaria del covid-19, junto con las sucesivas olas pandémicas sufridas tanto en 2020 como en 2021, han incidido “de forma trascendental” en la producción normativa. El número de páginas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha ascendido hasta las 57.858 páginas en 2021, alcanzando una cifra nunca vista, más de 11.000 páginas por encima del segundo mayor registro, el de 2018, que fue de 46.768 páginas. Así, en los últimos cuatro años, el BOC ha editado más de 190.000 páginas, concentrándose principalmente en los años de la pandemia (2020-2021), con aproximadamente 100.000 páginas, lo que refleja “una tendencia exponencial” a juicio del estudio.
Todo esto se refleja en una mayor dificultad para hacer negocios, toda vez que su uso resulta cada vez más complejo para los agentes económicos. Incluso esto afecta de modo negativo en la eficacia del sistema judicial, “provocando como arrastre un efecto negativo sobre la entrada, el tamaño y el crecimiento de las empresas”. Las mediciones al respecto así lo atestiguan, ya que en 2013 la dificultad para comprender la regulación se posicionaba como el quinto factor de mayor importancia en el entorno empresarial, pero seis años más tarde esta preocupación crecía hasta el punto de que el 43% de los empresarios lo ubicaba como el segundo factor a tener en cuenta.
Incluso, iniciativas como la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables ante la administración no fueron percibidas como un beneficio decisivo, según la mitad de los gestores empresariales. Esta declaración responsable se ha presentado como un instrumento que permite agilizar el inicio de la actividad económica bajo la responsabilidad del empresario, pero sin embargo, “la carga normativa generada a lo largo de los años ha generado una telaraña jurídica que provoca desconcierto y elevados costes al empresariado, especialmente el vinculado a pymes, y que estaría obstaculizando el crecimiento del tejido empresarial”.
En un lugar preferencial en cuanto a las regulaciones que obstaculizan el quehacer empresarial deben colocarse las sucesivas normas sobre el territorio que se han ido superponiendo en el Archipiélago. Desde la Ley de Directrices de 2003, pasando por la de Medidas Urgentes (2009) y la Ley del Suelo (2013, una tercera moratoria, que no deroga las anteriores), se ha intentado poner un cepo al crecimiento económico argumentando diversas causas, desde la protección del medio ambiente hasta la limitación de la expansión demográfica. En realidad, esta última se refiere solo a la llegada de foráneos, ya que Canarias lidera la estadística negativa de fertilidad de España y de Europa.
La idea de que debe ponerse un freno al crecimiento ha calado y ya se empieza a hablar de una cuarta norma territorial, además de que la específica sobre vivienda vacacional en sí misma es una moratoria en ese sector específico. Hace pocos días veíamos a un presidente de cabildo insular jactándose de haber quitado camas hoteleras del mercado, sin valorar su consecuencia económica ni ofrecer alternativas de modo de vida para los trabajadores afectados. Todo es parte de un nuevo giro hacia la intervención pública en detrimento de la creación de riqueza, como se pudo observar en la reciente manifestación de la izquierda en contra del turismo, el 20 de abril pasado. Que en Canarias se empiece a ver al turismo como un problema significa alterar el orden de las cosas e invertir su valoración: lo que hasta no hace mucho era el modo de vida y hasta motivo de orgullo de miles de isleños muy rápidamente está pasando a ser señalado como la causa de sus males. Y no parece haber motivos para que este estado de la discusión pública vaya a encarrilarse, por lo que probablemente en los próximos tiempos veremos surgir nuevas iniciativas que empeoren el clima de negocios y aumenten la percepción de que aquel binomio turismo-construcción del que se hablaba hace unos años ya ha sido sustituido por el de turismo-empleo público como el rasgo que mejor retrata a la economía canaria.
