A veces, los focos se ponen únicamente en los grandes escenarios geopolíticos, como sucede con los aranceles de Trump, y no se piensa en los pequeños frentes domésticos.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? (…) ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” Con estas palabras, el recaudador de impuestos Mateo nos deja una imagen para siempre. De los labios de Jesucristo surge esta poderosa metáfora que nos enfrenta a nuestra pequeñez y limitaciones, así como a la forma en que justificamos nuestras conductas a la vez que condenamos actitudes similares si son obra de otros. Es lo que sucede, dos mil años después, con las críticas que despierta la política comercial de Donald Trump. En especial si se miran los acontecimientos desde Canarias.
Es que resulta cuanto menos llamativo que se practique el deporte más de moda en España, criticar al presidente norteamericano, sin caer en la cuenta de la gran contradicción en que se incurre al mismo tiempo. Mientras los gobernantes y empresarios condenan las barreras comerciales cuando provienen del exterior, mantienen un silencio sepulcral sobre los mecanismos proteccionistas internos que perjudican a sus propios ciudadanos. Un doble rasero que explica cómo los intereses recaudatorios y clientelares prevalecen no solo sobre la coherencia ideológica, sino también sobre el bienestar económico general.
Las motivaciones de los aranceles de Trump y las del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías (AIEM) en Canarias son las mismas. Nos guste o no. Sea el archipiélago canario diminuto al lado del gigante americano, el espíritu que los motiva y los efectos son similares. Para empezar, supone una distracción de recursos, enorme, desde el sector productivo hacia la administración isleña, que llega cada año a algo menos de 300 millones de euros. Esto supera largamente las intenciones declaradas en el momento de su instauración —hecha en el año 2002 “con nocturnidad y alevosía”, a juicio del importador Sebastián Grisaleña— y trastoca por completo las justificaciones iniciales.
Pensemos en que, desde su implementación, el AIEM ha sido presentado como una herramienta de protección para la producción local, pero su diseño técnico demuestra una naturaleza claramente intervencionista. Su alcance se ha expandido arbitrariamente, afectando incluso a bienes que ni siquiera se producen en las islas. Según el cálculo del último ejercicio, el impuesto impacta sobre 1.372 artículos, generando una estructura de mercado artificialmente cerrada. Podría ser un caso de “efecto ratchet”, donde las intervenciones gubernamentales, como el gasto, tienden a crecer, consolidando privilegios en lugar de corregir supuestos fallos de mercado, y se vuelven
difíciles, cuando no imposibles, de revertir.
El impacto sobre los consumidores es particularmente lesivo. El diferencial impositivo del 15% del AIEM sitúa a las familias isleñas en una clara desventaja y no es de sorprenderse que la cesta de la compra sea más cara en Canarias que en la Península, por culpa de una sobrecarga fiscal que agrava la inflación en productos de primera necesidad y erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, su opacidad —al no aparecer desglosado en los tickets de compra— refuerza su carácter regresivo, afectando con mayor intensidad a los estratos de menores ingresos. Como denuncia Cecapyme, la falta de transparencia en la aplicación de este tributo impide que los consumidores sean plenamente conscientes del sobrecoste que están asumiendo. Tengamos en cuenta que por más que este es un invento para proteger a la industria local, lo cierto es que esta ha experimentado un descenso del 20,8% entre la implantación del AIEM en 2002 y el año 2021. Además, su peso en el Producto Interior Bruto ha disminuido, al pasar de representar un 5,1% en 2002 a un 2,8% en 2021. Lejos de impulsar el sector, el AIEM parece haber contribuido a su contracción. Los números los aportaba un estudio reciente del Colegio de Economistas de Las Palmas, que concluyen que la aplicación del AIEM “no parece haber beneficiado directamente a la industria manufacturera”, y señalan que no hay evidencia concluyente de que este impuesto haya mitigado una caída aún mayor. Aunque el debate está abierto, los representantes de la menguante industria canaria no muestran un interés activo en abordarlo, a pesar de afirmar que el tema está “en continuo análisis”.
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha incrementado significativamente su recaudación a través del AIEM. Desde su implantación en 2002, este impuesto ha registrado crecimientos anuales, con la única excepción de 2005. Tras la crisis de 2008, el consumo cayó notablemente, pero tras la modificación del AIEM en 2014, el impuesto experimentó un aumento interanual del 20,9%, convirtiéndose en el que más creció entre los tributos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF). Este incremento es especialmente relevante si se compara con el crecimiento acumulado entre 2002 y 2013, que fue de apenas un 0,9%. En el periodo completo (2002-2022), la recaudación del AIEM aumentó un 94%. Este notable crecimiento, que casi duplica la transferencia de recursos desde los consumidores a las arcas públicas, contrasta drásticamente con el escaso crecimiento del PIB per cápita de los canarios, que fue de solo un 8,6% en el mismo periodo. En comparación, el conjunto de España registró un crecimiento del 40,9% —el tercero más bajo de Europa—, una prueba del empobrecimiento relativo de los residentes canarios frente a los peninsulares.
El discurso oficial que justifica el AIEM en nombre de la protección del tejido productivo local se enfrenta a una realidad estadística que lo desmiente. Por ejemplo, mientras asociaciones agrícolas tinerfeñas alegan un 65% de autosuficiencia en el suministro de papas, las cifras de Las Palmas revelan que apenas el 34% del consumo proviene de la producción local. Esta disparidad sugiere que el argumento proteccionista no es más que una coartada para perpetuar un mecanismo recaudatorio que ya representa el 1,2% del PIB canario.
La persistencia del AIEM responde a un fenómeno en cierta medida predecible, ya que los grupos de interés organizados (los productores locales beneficiados) ejercen una influencia política mucho mayor que los consumidores dispersos. Esto explica por qué, salvo excepciones como Unidos por Gran Canaria, la mayoría de las formaciones políticas han optado por mantener un silencio cómplice
sobre la cuestión. Si el Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás, como dijo Bastiat, podríamos decir que aquí la ficción consiste en hacer creer que el AIEM protege a la economía canaria, cuando en realidad perpetúa un sistema de privilegios a costa del ciudadano medio.
El AIEM tiene un impacto negativo por donde se mire, al distorsionar los precios relativos, disminuir el poder adquisitivo real y crear mercados cautivos que desincentivan la innovación y la competitividad. Como impide la libre entrada de productos alternativos, este tributo despoja a los consumidores de su capacidad de elegir y obliga a pagar sobreprecios artificiales por bienes que podrían adquirirse a menor coste en un mercado verdaderamente libre. Lo peor es, como decíamos al principio, la enorme dificultad que existe para eliminar este tipo de impuestos, que siempre tienden a volverse permanentes y a expandirse más allá de sus objetivos iniciales. El AIEM, que originalmente debía ser una medida temporal y con un techo de recaudación bien definido, ha evolucionado en un mecanismo fiscal autónomo que ya no responde a su propósito declarado de apoyo a la producción local, sino a la inercia burocrática y a la necesidad de financiar estructuras de gasto público.
A veces, los focos se ponen únicamente en los grandes escenarios geopolíticos, como sucede con el anuncio de aranceles por parte de Trump, y no se piensa en los pequeños frentes domésticos donde se consolidan mecanismos de control como el AIEM. Es en este tipo de medidas locales, aparentemente menores, donde residen las explicaciones de esos fracasos para los que no se tiene respuesta. La eliminación de barreras comerciales y la restauración de un entorno competitivo real no solo beneficiaría a los consumidores, sino que también incentivaría la modernización y la eficiencia de los sectores productivos canarios.
El AIEM es, en última instancia, un recordatorio de los riesgos del intervencionismo fiscal: lo que comienza como una medida excepcional y con objetivos nobles termina convirtiéndose en un lastre estructural que distorsiona la economía, penaliza al consumidor y perpetúa una cultura de dependencia del gobierno. En lugar de seguir justificando su existencia bajo pretextos proteccionistas, la discusión política debería centrarse en cómo devolver a los ciudadanos el poder de decidir qué consumir y a qué precio, sin cargas fiscales que encarezcan artificialmente su cesta de la compra
