Muchos españoles se quejan del expolio fiscal que sufren mientras otros como el fiscalista Alejandro del Campo Zarza además, actúan. Y es que Del Campo ejerce desde hace 33 años como abogado especializado en derecho tributario logrando grandes victorias contra normativas fiscales abusivas. Una de las más notorias fue conseguir la anulación del Modelo 720, un mecanismo abusivo ideado en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para perseguir a los contribuyentes con bienes en el exterior que podía acarrerarles sanciones desproporcionadas mayor incluso que el valor de los bienes no declarados.
Alejandro del Campo Zarza se ha consolidado como una de las voces más críticas y respetadas en el ámbito fiscal español, no solo por su conocimiento técnico del derecho tributario, sino también por su capacidad de desafiar a la todopoderosa Agencia Tributaria desde una perspectiva legalista y con una claridad de argumentos que pocos logran igualar. Con sede en Palma de Mallorca, y como socio de DMS Consulting, se ha especializado en la defensa de los contribuyentes frente al abuso sistemático por parte del Estado en la aplicación de sanciones fiscales que, en muchos casos, rozan lo confiscatorio. Una forma apasionada de entender el derecho fiscal que se remonta a los comienzos de su carrera profesional nada más licenciarse en Derecho cuando fundó el despacho junto a dos de sus compañeros y se especializó en los impuestos, lo que le llevó a comprender “el arte de los impuestos” que “consiste en desplumar al ganso para obtener el mayor número de plumas con el menor número de graznidos”, recordando las palabras de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV. Siguiendo la metáfora del ganso, resume su trabajo en lograr que sus clientes paguen las plumas justas, “ni una más” y si Hacienda quiere arrancar más plumas hay que hacer ruido, ya sea mediante recursos ante la propia Agencia Tributaria o la vía judicial. Pero también se dio cuenta de que otra parte importante es lograr que estas batallas aparezcan en los medios ya que muchas victorias pasaban desapercibidas y otras víctimas del fisco no se quejaban mientras seguían desplumándolos.
En conversaciones con La Gaveta Económica, Del Campo aclara que el problema del Modelo 720 no era solo la obligación de declarar bienes en el extranjero, sino las consecuencias catastróficas derivadas de cualquier error o presentación fuera de plazo. Relata que la normativa permitía a Hacienda aplicar sanciones desproporcionadas, como multas de 5.000 euros por cada dato omitido o incorrecto, e incluso aplicar la ganancia no justificada de esos bienes al último año fiscal no prescrito, lo que resultaba en impuestos y sanciones que podían superar el valor de los bienes en cuestión. Para que nos hagamos una idea cada cuenta o propiedad en el extranjero podía suponer varios datos erróneos por lo que las sanciones podían multiplicarse y la norma declaraba la imprescriptibilidad de estos casos que sumando sanciones, multas y declaraciones ahogaba a los contribuyentes en una práctica que podría describirse como terrorismo fiscal. Una legislación ideada en tiempos del infame Montoro tras su fatal amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional terminó declarando inconstitucional con la que no solo se perseguía a los grandes defraudadores sino que se cebaba en los más modestos que ni siquiera conocían los pormenores de una norma que obligaba a declarar bienes en el extranjero por un valor mayor de 50.000 euros incluso en bienes compartidos. Uno de estos casos extremos que Del Campo llegó a conocer fue el de una norteamericana que, solo por ser firma autorizada en las cuentas de su madre en EE.UU. recibió una sanción de 75.000 euros. Estos casos fueron los que llevaron a Alejandro del Campo a ir no contra Hacienda sino contra el legislador, que era quien había hecho la norma para lo que elevó la cuestión al ámbito europeo. De hecho al conocer esta norma se adelantó a la propia Hacienda al denunciar el Modelo 720 ante la Comisión Europea en 2013, antes de que comenzaran las primeras sanciones en España. A pesar de la burocracia y la lentitud del proceso, su persistencia y la recopilación de casos concretos lograron que en 2017 la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España. Y aunque este toque de atención no llevó a que el legislador español realizara ningún cambio, finalmente, el fallo del TJUE fue devastador para Hacienda: consideró la norma como contraria a la libre circulación de capitales y condenó la imprescriptibilidad de las sanciones y la desproporción de las multas aplicadas. Alejandro del Campo lo define como una sentencia “demoledora”, que no solo invalidó las sanciones, sino que abrió la puerta a reclamaciones millonarias por parte de los contribuyentes afectados. A pesar de la victoria judicial, este abogado fiscalista señala que muchos contribuyentes aún no han recuperado lo que pagaron, especialmente aquellos que se rindieron o dejaron de recurrir a tiempo. Explica que está utilizando procedimientos especiales, como la nulidad de pleno derecho y la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, para intentar recuperar el máximo posible para sus clientes.
Sin embargo todavía quedan batallas por luchar pues aunque muchas de estas víctimas del Modelo 720 recuperaron grandes cantidades de dinero de Hacienda, incluidas sumas significativas en concepto de intereses de demora, Del Campo descubrió que debían tributarlas según la base general del IRPF por lo que podía suponer el retorno al Estado de hasta un 40% de estos intereses. Además, añade que la situación es aún más injusta porque los contribuyentes no pueden descontar de esos ingresos el costo de los servicios legales (minutas de abogados y procuradores) utilizados para recuperar el dinero. Esta situación hace que, en la práctica, al Estado “le salga gratis” vulnerar el derecho comunitario, ya que la tributación de los intereses termina en manos de Hacienda de nuevo. Todo queda en casa. Ante esta situación, Del Campo ha presentado nuevos recursos en diferentes instancias para lograr frenar esta sangría a los contribuyentes desplumados.
Uno de los casos más recientes que Alejandro está peleando tiene que ver con la discriminación en la tributación de los alquileres para los no residentes. Extranjeros con propiedades en nuestro país que abundan tanto en Baleares como en Canarias, que alquilan sus casas y descubren que al tributarlo deben pagar una cuantía exagerada. Explica cómo la normativa actual permite que los residentes en la Unión Europea puedan deducir gastos en su declaración de la renta, pero esta opción no está disponible para los residentes fuera de la UE, lo que ha dejado fuera a los residentes en Reino Unido tras el Brexit. Estas personas deben tributar el 24% sobre el total de sus ingresos brutos, sin deducción alguna de gastos, lo que crea una situación de desventaja significativa.
Del Campo considera que esta normativa vulnera el derecho comunitario, específicamente el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado su denuncia argumentando que España puede aplicar esta medida porque ya lo hacía antes de 1992 (basándose en el artículo 64). Alejandro no está de acuerdo con esta interpretación y ha decidido llevar el caso a los tribunales españoles, confiando en que obtendrá un fallo favorable en la Audiencia Nacional, aunque no estima que se produzca hasta dentro de un par de años. La justicia es lenta pero como ya ha demostrado cuando los argumentos y la causa es justa ha fallado a su favor.
Otro frente que mantiene abierto es la nueva herramienta introducida por el legislador español en 2022: el valor de referencia del Catastro. Del Campo explica que este valor, que se utiliza para determinar el mínimo valor fiscal de los inmuebles en transmisiones, es calculado de manera general y sin tomar en cuenta las condiciones específicas de cada propiedad. Considera que esta medida es una respuesta a la gran cantidad de derrotas que las haciendas autonómicas sufrieron en los tribunales debido a las malas prácticas en las comprobaciones de valor. La imposición de este valor de referencia obliga a los contribuyentes a tributar sobre un valor que no refleja necesariamente el mercado real de los inmuebles y elimina la posibilidad de recurrir con éxito utilizando criterios más detallados, como visitas físicas al inmueble.
La lucha de este fiscalista parece no tener fin pues el Estado siempre encuentra nuevas fórmulas para expoliar a sus ciudadanos. Sin embargo, Alejandro del Campo es consciente de que su batalla es también un mensaje para la Agencia Tributaria: no se puede legislar y actuar de manera arbitraria sin esperar resistencia. Como él mismo dice, seguirá “haciendo ruido” hasta que se haga justicia con todos los afectados por normativas abusivas y lanza un mensaje de resistencia y ánimo para los contribuyentes que las sufren para que no se rindan. Una notificación de Hacienda no es el final y merece la pena pelear para que el Estado no se quede con lo que no es suyo.
