El culebrón desatado hace casi ya más de un año respecto a la reducción de jornada laboral parece que toca a su fin, si no decae en el Congreso. Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la disminución de la jornada a 37,5 horas semanales, por supuesto, cobrando el mismo salario, de forma unilateral (o en contubernio con los sindicatos, lo que no deja de ser un sinónimo de lo anterior) y sin contar con todos los agentes sociales involucrados, esto es, haciendo oídos sordos a lo que opina la patronal.
Más allá de la palmaria intromisión en la libertad de las partes para fijar el contenido de una relación laboral, la misma conculcación de la libertad que supone el hecho de establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la medida en sí tiene repercusiones que trascienden a los directamente afectados por la citada reducción de jornada. Frédéric Bastiat, en su libro Lo que se ve y lo que no se ve, habla de las consecuencias indirectas de las actuaciones de los agentes sobre aquellos entre los que no recae la medida en cuestión. Concepto este muy desarrollado por numerosos economistas posteriores, pero particularmente por Henry Hazlitt en su delicioso libro La economía en una lección. Su obra comienza haciendo referencia al ejemplo de Bastiat de la famosa ventana rota, a saber: un individuo lanza una piedra contra el cristal de un tendero y los miopes creen que eso reactivará la economía en tanto en cuanto el tendero tiene que gastarse su dinero en un cristalero para reponer la luna deteriorada (lo que se ve). Lo que no se ve es que ese tendero, que no tenía previsto hacer frente a ese dispendio, dejará de invertir dicho capital en, por ejemplo, comprarse unos zapatos, redundando en la insatisfacción del tendero de nuestra historia y, por supuesto, del zapatero que no consigue vender esos zapatos. Algo similar sucede con el SMI, el cual, además de imponer más costes sobre el empresario, desprotege al colectivo que precisamente quería proteger, dado que los empleados menos productivos, los que no pueden aspirar al SMI, se quedan fuera del mercado laboral al no poder ser contratados. Es el mismo caso que en la reducción de jornada, cuyo impacto tiene efectos similares perjudiciales para la mal llamada “clase trabajadora”. Veamos por qué.
La productividad en España entre los años 2000 y 2022 cayó un 7,3%, frente al aumento, en el mismo periodo, de un 15,5% en Estados Unidos y un 11,8% en Alemania, por citar algunos ejemplos. El exceso de activos inmobiliarios, la sobredependencia de sectores en sí poco productivos, como el turismo, y la baja cualificación laboral explican en parte ese descenso. Esta baja productividad limita la competitividad de España en el exterior y torpedea su ventaja de costes, en una economía que no puede competir en innovación ni calidad. La reducción de jornada cobrando el mismo salario no hace más que redundar en la baja productividad y pobre competitividad, teniendo que pagar más por hora trabajada por un recurso ya de por sí poco rentable. Al no poder competir, muchas empresas tendrán que disminuir plantillas o simplemente cerrar, disminuyendo el empleo de esa “clase trabajadora” a la que tanto se empeñan en proteger. Por no hablar de los productos y servicios que los no contratados no podrán consumir, perjudicando a los proveedores de dichos servicios y productos que no han podido vender.
La teoría económica así lo establece, pero no hace falta más que tirar de hemeroteca para sostener nuestras afirmaciones. En el año 2000, en Francia se redujo la jornada de 39 horas semanales a 35 para, en palabras del propio gobierno, “tratar de reducir el desempleo” (sic). Tras múltiples reformas y teniendo que ceder a la presión de los empresarios para reducir las cotizaciones sociales y así incentivar la contratación, el experimento a día de hoy ha resultado en que solo se han producido más horas extra (había que hacer el mismo trabajo…), con más coste y pérdida de productividad y competitividad gala. El propio FMI se ha pronunciado al respecto, en el sentido de que, para “mitigar la pérdida de producción y los costes fiscales, la reducción de jornada debe ir acompañada de una moderación salarial”, algo que en la aplicación patria no se contempla.
Lo que se ve, de nuevo, es la ineptitud y cortoplacismo de nuestros políticos. Lo que no se ve, a pesar de la experiencia de nuestros vecinos, son las repercusiones demoledoras de estas torpes políticas.
