Aunque la corrección del producto bruto derivada de un fallo en el cálculo que hace el INE no reflejará un empeoramiento real de la economía canaria, sí serán reales sus implicaciones en términos de percepción, deuda y productividad
Fue a comienzos de 2015 cuando una candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias se quedó helada ante la sagaz pregunta de un periodista: “¿Usted sabe cuál es el Producto Interior Bruto de Canarias?”. Respondió que no lo sabía y esa ignorancia la ha perseguido desde entonces. Rondaba por entonces los 40.000 millones de euros, pero ya en esos tiempos había un gran asterisco en esa cantidad, que quizás podría haber esgrimido la política tinerfeña para eludir la pregunta. Ese gran asterisco era la forma en que se calculaba y que, tras años de cuestionamientos, parece que al fin será corregida. Esa corrección tendrá consecuencias de todo tipo, aunque ya no pueda salvar el daño de imagen que le produjo a la aspirante a la máxima responsabilidad regional.
Sucede que el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias sufrirá una reducción significativa antes de que acabe este año, y no porque de repente los sectores productivos cierren sus puertas, sino por un error estadístico. Esa corrección, que podría situarse entre cuatro y cinco puntos porcentuales, se debe a un fallo en la contabilidad regional de España, que afectaba al cálculo del valor añadido en el Archipiélago. El impacto de esta medida no solo modificará los indicadores macroeconómicos, sino que también tendrá importantes implicaciones para la economía canaria.
El problema radica en que, durante años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) imputó a Canarias la misma proporción de impuestos a la producción que al resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, la realidad fiscal del archipiélago es distinta debido a su Régimen Económico y Fiscal (REF), que establece impuestos más bajos en comparación con otras regiones españolas. Como consecuencia, el PIB de Canarias ha estado sobrevalorado, una distorsión que había sido advertida repetidamente con anterioridad.
Lo que trajo de nuevo el asunto a la palestra fue la comparecencia del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna José Luis Rivero Ceballos ante la Comisión del Parlamento de Canarias que estudia la revisión del REF, quien explicó que esta corrección es similar a la realizada recientemente en Francia, cuando se ajustaron las cifras de los territorios de ultramar, como Guadalupe y Martinica, que también tienen un régimen fiscal diferenciado con respecto al resto del país. El INE ha solicitado a Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, la metodología necesaria para llevar a cabo el ajuste, y se espera que en diciembre se aplique la corrección para la serie histórica del PIB canario desde el año 2000 hasta la actualidad.
Esto se traduce en diversas consecuencias y quizá ninguna sea buena. La corrección del PIB canario tendrá repercusiones inmediatas en varios indicadores clave. En primer lugar, la caída de entre un 4% y un 5% del PIB anual provocará una disminución significativa del PIB per cápita, lo que situará a Canarias como la última o penúltima comunidad autónoma en esta ratio, superada únicamente por Extremadura. Actualmente, el PIB per cápita de Canarias ya se ha alejado de la media europea, pasando del 90% en 2003 al 63% en 2022, algo de lo que ya advertía José Carlos Francisco en su libro El gran problema (Gaveta Ediciones). Este descenso se acentuará a partir de ahora con la nueva corrección.
Otra de las consecuencias será el aumento de la relación entre la deuda pública y el PIB. Con la contabilidad actual, la deuda pública de Canarias representa el 11,7% del PIB, pero tras el recálculo este porcentaje será considerablemente mayor. Esto puede tener implicaciones en la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar su deuda y mantener los niveles de gasto público. Debe recordarse que este guarismo ha sido con frecuencia citado como prueba de la buena salud de las cuentas públicas canarias, en los últimos años.
Además, la productividad de la economía canaria también caerá, ya que esta se mide en relación al PIB. Si las horas trabajadas o los recursos utilizados son los mismos, pero la producción es menor, el cálculo dirá que somos menos productivos de lo que éramos, algo a tener en cuenta en momentos en que parece que el asunto está sobre la mesa del debate público. Incluso, el gobierno regional impulsa un Consejo Canario de la Productividad para “hacer despegar” la economía de las islas y convencidos de que “es el principal reto de los próximos veinte años”. Pues arranca este consejo con unos goles en contra y perdiendo atractivo, en consecuencia, de cara a la atracción de inversiones, siempre débil en las Islas.
Este ajuste contable llega en un momento en que la economía canaria enfrenta importantes desafíos. La reducción del PIB oficial podría tener un impacto psicológico en los mercados y en la percepción general del tejido económico de las islas. Pensemos en que como nunca antes se está atacando a la principal actividad económica del Archipiélago, el turismo, a través de grupos de presión que organizan manifestaciones e incluso desde la propia política, como es el caso de la legislación sobre alquiler vacacional en trámite. Los indicadores macroeconómicos, como el PIB per cápita, juegan un papel fundamental en la atracción de inversiones extranjeras. Con un PIB per cápita más bajo, Canarias podría perder competitividad frente a otras regiones españolas y europeas.
La sobreestimación
El antecedente más documentado acerca de este error de cálculo aparece en un informe de Domingo Jesús Lorenzo, catedrático de la Universidad de La Laguna, que editó para la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife el trabajo “El PIB de Canarias y de sus economías insulares” hace tres años y con el ánimo de vincular sus conclusiones a las repercusiones de la crisis sanitaria del covid-19. Según explica este autor, existe una “sobreestimación del PIB de Canarias por la asignación proporcional de los impuestos netos estatales”, ya que el INE no tiene en cuenta las particularidades fiscales de Canarias como región ultraperiférica y su régimen económico y fiscal especial. Al aplicar una asignación proporcional de los impuestos netos estatales, “se estaría sobrevalorando la contribución fiscal de Canarias al PIB”, lo que resulta en una sobreestimación de su PIB total. “Tras realizar una primera aproximación de lo que supone este efecto, para el año 2018, calculamos que el PIB de Canarias debería ser un 4% inferior al valor publicado”, estima.
El PIB, recuerda el autor, es “la macromagnitud más utilizada en la contabilización de la actividad económica”. Y aunque de tanto en tanto surgen propuestas alternativas, sigue siendo la “variable estrella” que permite comparar de manera armonizada la naturaleza y el tamaño de todos los territorios del mundo y compararse consigo mismo a lo largo del tiempo. Pese a que aún no ha cumplido un siglo de existencia, “se ha consagrado como medida internacional estandarizada dominante en la evolución de nuestras economías”, explica.
El informe señala como una de las consecuencias más relevantes el hecho de no haber podido acceder a fondos europeos de mayor volumen, una oportunidad que se perdió debido a la clasificación de Canarias en el sistema de reparto de los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea. Este reparto se basa en una clasificación de las regiones en tres categorías: regiones menos desarrolladas, regiones en transición y regiones más desarrolladas. Esta clasificación no es un mero trámite, sino que juega un papel crucial para determinar la cantidad de fondos a los que cada región puede acceder.
El criterio principal para decidir en qué categoría se ubica cada región es su PIB per cápita, comparado con la media de los 27 países que integran la Unión Europea. Las regiones menos desarrolladas, que son las que reciben mayor cantidad de fondos, tienen un PIB per cápita inferior al 75% de la media europea. Las regiones en transición, por su parte, se encuentran entre el 75% y el 90%, mientras que las más desarrolladas superan el 90% de esa media. En el caso de Canarias, al situarse dentro de la categoría de regiones en transición en lugar de menos desarrolladas, la comunidad ha perdido la oportunidad de acceder a ayudas más cuantiosas, que normalmente se destinan a impulsar proyectos estratégicos y mejorar infraestructuras críticas.
De esta manera, al haber sido Canarias clasificada como región en transición, con un PIB per cápita equivalente al 77,7% de la media europea, recibió unos 1.200 millones de euros de programas como el FEDER y el FSE durante el periodo 2014-2020, “lo que equivale a menos de 600 euros por habitante”. Por su parte, Extremadura, la única región considerada menos desarrollada, obtuvo alrededor de 2.000 millones de euros, lo que equivale a casi 2.000 euros por habitante. De haberse extrapolado la sobrevaloración del PIB per cápita de Canarias, estimada en un 4%, el PIB per cápita habría sido del 74,6% de la media europea, lo que la incluiría en el club de los pobres europeos, como una región “menos desarrollada”. Esto habría permitido a Canarias recibir unos 840 millones de euros adicionales de los fondos europeos durante el periodo 2014-2020, un 70% más de lo que efectivamente recibió.
Aunque la corrección del PIB no reflejará un empeoramiento real de la economía canaria, sí serán reales sus implicaciones en términos de percepción, deuda y productividad. El error principal del cálculo está en no haber tenido en cuenta que Canarias tiene su propio régimen fiscal, lo que se manifiesta, por ejemplo en que no aplica el IVA, sino el IGIC, con un tipo general del 7%, mucho menor que el 21% del IVA.
Desde el gobierno autonómico se espera que en diciembre, una vez que Eurostat dé su visto bueno, el INE enmendará el fallo. Así lo adelantó Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Ejecutivo regional. Si bien se apunta que aún es pronto para que el ejecutivo tenga una estrategia para recuperar esos fondos, será necesario determinar con exactitud la cantidad no recibida y coordinarse con el gobierno nacional, que es el interlocutor oficial ante las instituciones de la UE. No obstante, Asián ha sugerido que podría solicitarse la compensación en las próximas negociaciones de los fondos comunitarios.
En cuanto a la deuda y el déficit, la administración regional minimiza el impacto que podría generar la corrección del PIB sobre estos indicadores. Según sus estimaciones, la deuda actual, equivalente al 11,7% del PIB, sigue estando por debajo del objetivo fijado en el 13%, por lo que no anticipan problemas inmediatos de sostenibilidad financiera. Sin embargo, la corrección del PIB tiene un efecto colateral significativo: reducirá aún más la renta per cápita, situando a Canarias como la comunidad más pobre de España. Este ajuste no solo afectará la imagen económica del Archipiélago, sino que podría generar nuevas tensiones sociales y económicas, al agudizar la percepción de desigualdad respecto del resto del país.
A pesar de ello, el foco de preocupación se desplaza hacia los fondos europeos que Canarias ha dejado de percibir por haberse mantenido en una categoría económica superior. El ajuste en los datos del PIB podría abrir una ventana de oportunidad para reclamar compensaciones por esos fondos no recibidos en años anteriores. Matilde Asián subraya la necesidad de aprovechar este contexto para obtener beneficios en los próximos repartos de ayudas comunitarias: “Es fundamental intentar obtener un plus compensatorio en los próximos repartos de fondos comunitarios”.
Cambia la estadística
Si bien, como decíamos, la realidad económica no variará, sí se modificará, por ejemplo, la situación del empleo en las islas, al menos en cómo se lo percibe estadísticamente. La tasa de desempleo, que se calcula como porcentaje de la población activa, podría aumentar en términos relativos al reducirse el PIB. Con el mismo número de desempleados, la tasa de desempleo podría parecer más alta en relación con el PIB ajustado. Son unas tasas de paro que en Canarias se sitúan en torno al 15%, una de las más altas del país.
Debe tenerse en cuenta que en los últimos años había sido una de las regiones que más había reducido su tasa de paro desde el pico de la pandemia en 2020 y que según las previsiones de Funcas para 2024, se esperaba que la tasa de paro en Canarias bajara al 14,4%. Pero el ajuste del PIB podría hacer que estas proyecciones optimistas parezcan menos alcanzables en el corto plazo.
En cuento a la actividad económica, según la AIReF, Canarias venía liderando el crecimiento interanual, con un 3,6% en el primer trimestre, y Funcas proyectaba un crecimiento del 3,2% para todo el año, el segundo más alto de España, algo más optimista que CaixaBank Research, que estima un crecimiento del 2,5% para 2024. Estos números van en consonancia con que Canarias ha mostrado un crecimiento consistentemente superior a la media nacional en los últimos años y aparecía en el pelotón de cabeza con Baleares y Madrid.
Podría decirse que el fallo en el cálculo del PIB isleño depara una de cal y una de arena, por cuanto afecta negativamente a la percepción de la realidad económica del Archipiélago, con caída estadística de productividad y deuda, pero a la vez abre la puerta a la posibilidad de aumentar las asignaciones de fondos europeos que antes estaban reservadas a regiones en apariencia más pobres. No es la inyección de dinero de las administraciones la clave del crecimiento, según indica la historia económica, porque suele llevar con frecuencia a inversiones equivocadas, a una mala asignación de recursos, en general, dado que se reparten con un criterio político. Sin embargo, estos fondos, aunque insuficientes para generar cambios de raíz por sí mismos, pueden proporcionar un respiro temporal a las economías locales. Pero este tipo de explicaciones no suelen ser del gusto de los administradores de la cosa pública, que prefieren verse como el motor del progreso y que, seamos sinceros, nunca van a decir que no a la tintineante música de los fondos europeos, sobre todo, si está en sus manos repartirlos.
