Los programas de entretenimiento pueden influir más en los votantes que los puramente informativos o políticos. Las ideas calan mejor entre risas que tras sesudas tertulias, bien lo saben en La Moncloa. Tras perder la mayoría parlamentaria en varias votaciones y el favor de los medios, que ya no pueden esconder los casos de corrupción que rodean al propio presidente, han decidido atrincherarse en el prime time de TVE. Un cómico y un polémico contrato millonario han desatado la bronca. El problema no es que Broncano sea un humorista que simpatiza con las políticas del actual gobierno sino que su fichaje se haga con dinero público y en contra de las mayorías del consejo de administración del ente público. Tampoco que se reuniera directamente con Pedro Sánchez pues tal vez no hablaron de su programa sino de una colaboración para cierto máster. Ya puede contarnos Broncano que no le hace gracia que su contrato sea tratado como una cuestión de Estado motivado por intereses políticos cuando ha sido el fichaje más político de la televisión de los últimos tiempos. Tan es así que para lograr el empeño tuvieron que destituir a su presidenta y sustituirla por una afiliada del partido que gobierna. No tragan al programa de la competencia que continúa cosechando éxitos de audiencia en los que se critica abiertamente a los políticos… incluido Pedro Sánchez.
28 millones de euros destinados a financiar un programa en la televisión pública que no parece precisamente que sea es un servicio público llevan a cuestionarnos la necesidad de que existan medios públicos. ¿Qué aporta este como otros programas que se emiten en las televisiones públicas que justifiquen este dispendio? El entretenimiento no es una competencia constitucional ni existen actualmente problemas de acceso a la información. Al contrario, la información y el entretenimiento abundan con opciones para todos los gustos. Si tiene que existir una televisión pública debería limitarse a producir programas de interés para todos, con la menor carga ideológica posible, y que no encontraran cabida en otras cadenas por falta de rentabilidad. Siempre con el presupuesto muy ajustado y sin alarde de medios, para competir ya están las privadas que no cuestan nada a los ciudadanos a menos que voluntariamente paguen por ellas como en las plataformas de pago. Y ojo, porque son muchos los espectadores que valoran estos contenidos y pagan religiosamente su cuota mensual, sin coacciones ni obligaciones como sí ocurre con los medios públicos sostenidos con la recaudación fiscal.
El problema no solo por las evidentes interferencias políticas que provoca la dependencia organizativa de un medio público sino por la malversación de fondos que podrían destinarse a cuestiones más importantes para los ciudadanos. En los presupuestos, también en los públicos, el juego es de suma cero: hay unos ingresos dados y gastar en una partida implica detraerlo de otra. No es extraño que continúen ingeniando nuevas fórmulas para aumentar la presión fiscal, incluso buscando monedas en los asientos de los pocos Lamborghinis que se venden en España, desgraciadamente. El de Broncano es un programa que ya se emitía en una plataforma privada que pagaban sus espectadores… que ha pasado a ser financiado por todos los españoles por meros intereses políticos. Y como pagamos nosotros cabe preguntarse si ese dinero está bien invertido porque los millones que cuestan no se ven por ningún lado en una producción caótica en la que seguramente el grueso del dinero se lo queda parte del personal, como también ocurre en muchos organismos públicos con muchos directivos y pocas funciones. Aún en el supuesto de que obtenga buenos datos de audiencia no podrán ser rentabilizados económicamente para los ciudadanos, pues la cadena pública no tiene anunciantes. También por una decisión política. Los únicos beneficiados serán aquellos que lo ficharon para trasladar mensajes a la opinión pública. No es magia, son tus impuestos. Y en este caso se lo quedan Broncano y sus colegas.
