La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, conocida comercial y popularmente como Correos, es la mayor empresa pública que sobrevive en España. Entre los años 80 y 90 del siglo XX el Estado privatizó sus sociedades arruinadas entre las que había aerolíneas, eléctricas, bancos y compañías telefónicas mientras mantuvo los servicios postales entre sus competencias. Con una plantilla elefantiásica de más de 53.000 empleados, Correos acumula pérdidas cercanas a los 700 millones de euros en los últimos cuatro años mientras los servicios de paquetería y logística viven su edad dorada gracias al comercio online. El Gobierno, en lugar de sanear o plantearse su privatización, ha presentado un plan para transferir durante los próximos años 4.000 millones de euros de los contribuyentes a esta empresa pública.
Los orígenes remotos de esta Sociedad Estatal podrían remontarse al Correo mayor de España del siglo XVI que concedió como privilegio el rey Felipe I de Castilla aunque no tardó en pasar a operar los servicios postales adaptándose a las necesidades de cada momento gestionadas directamente por el Estado bajo diferentes fórmulas hasta la actualidad en la que se organiza como un sociedad anónima estatal participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda. Tenemos que esperar hasta 2011 para que la legislación española liberalizara el sector postal empujado por el marco europeo y el principio de libre competencia que rige en la Unión Europea. La lógica de que exista una empresa pública dedicada a dar el servicio postal es que todos los ciudadanos puedan tener acceso, independientemente del lugar en el que residan. Según esta teoría el sector privado podría no estar interesado en cubrirlo por lo que se produciría un “fallo de mercado” que el Estado debería corregir a través de la prestación directa de estos servicios. Aun cuando la hipótesis de los fallos de mercado pudiera demostrarse acertada -puede que en el pasado se tratara de un servicio esencial- lo cierto es que su actividad tradicional dedicada al envío de paquetes y especialmente cartas o postales, mengua año tras año. Así lo demuestra su cuenta de resultados que acumula pérdidas millonarias a pesar de ser la empresa mejor posicionada en el sector, la que más factura con 1.900 millones al cierre de 2023, la que más empleados tiene y con una red capilar de 2.500 oficinas en todo el territorio nacional. Sin embargo los signos de decadencia están ahí, se estima que en los últimos 4 años ha perdido casi 15 millones de usuarios. En 2019, antes de la pandemia, facturó 2.400 millones de euros, 500 millones más que la cifra actual. Otras empresas que realizan servicios similares han demostrado ser mucho más eficientes y dan beneficios. Seur, por ejemplo, con poco más de 2.000 trabajadores o DHL, que cuenta con una plantilla de 1.200 empleados, crecen y tienen resultados positivos. No parece, por tanto, que sea un problema de coyuntura sino de gestión concreta de esta empresa gestionada por políticos.
Para solventar estos inconvenientes que ya son estructurales desde hace años se han sucedido planes para reorganizar su plantilla y proyectos para diversificar los servicios de Correos que han terminado en el cajón del olvido. Allá por 2019 esta empresa pública abrió su propia tienda online bajo el sello “Correos Market” que aspiraba a ser “el Amazon de la España vaciada”. Era lo que tocaba entonces y todos los políticos hacían referencia en sus discursos a la “España vaciada” pero como ejemplo de proyecto del “Estado emprendedor” ha demostrado ser un fracaso ya que no ha cumplido expectativas mientras sus productos languidecen expuestos en una web que todavía puede visitarse pero pocos compran. Ese mismo año el grupo Correos presentó un rediseño de su magen de marca, considerado por muchos como poco significativo con un coste de casi 170.000 euros. En 2022 se presentó un avión Airbus A330-200 rotulado bajo el nombre de Correos Cargo fruto de una alianza con la aerolínea Iberojet que apenas duró un año y de la que nunca más se supo. Lo que sí sabemos es que Iberojet forma parte del grupo Avoris que tuvo que ser rescatado por la SEPI con 320 millones en 2021. Al final todo queda en familia -la SEPI- mientras los contribuyentes tienen que pagar la factura a través de impuestos. Mientras tanto los usuarios continúan sufriendo demoras e incluso pérdidas injustificada en sus correspondencia postal con lo que parece que Correos no consigue llevar a buen termino ni las tareas más sencillas ni las más complejas.
Para combatir esta percepción generalizada basada en la experiencia de los usuarios el Grupo Correos dedica importantes partidas para realizar campañas de lavado de su malograda imagen pública. En 2024, según el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional gubernamental el monto asciende a algo más de 15 millones de euros de los cuales 13 millones se dedican a “fomentar la venta y contratación de los diferentes productos y servicios de la compañía en las oficinas y de los canales online”; 1,7 millones a la “difusión y explotación de los diferentes acuerdos y activaciones publicitarias”; y, finalmente, 605.000 euros a “reforzar el posicionamiento de Correos como operador logístico líder del mercado e incrementar la notoriedad de la marca”. A pesar del dinero dedicado no parece que logre cumplir estos objetivos.
Y no es un problema de empleados, que en su mayoría serán muy diligentes realizando los trabajos que les mandan. Al fin y al cabo todos los incentivos en una empresa pública no están orientados hacia el cliente sino a cumplir con una finalidad política empezando por sus principales gestores. Su propia designación, que depende exclusivamente del Gobierno en lugar de los accionistas que pueden exigir responsabilidad o del miembro de una empresa familiar que es responsable de su compañía pueda perdurar y ser heredada, ya marca la primera diferencia que impregna a toda la organización. En concreto, en la última etapa de Correos sus presidentes han sido elegidos por su fidelidad ideológica en lugar de su currículum, siendo fuertemente cuestionados por su falta de capacidad para ocupar el cargo de una empresa que, aunque pública, tiene un importante volumen de facturación. En 2018 Juan Manual Serrano fue elegido presidente del grupo y en su currículo oficial destacaba que “ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)” y más recientemente que “desde el año 2014 era Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español”. Hasta aquí su experiencia laboral vinculada a un partido político y cargos puramente políticos mientras que muchos medios de comunicación pusieron el foco en la estrecha amistad que mantenía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como mérito para ocupar un puesto cuyo sueldo bruto anual supera los 200 mil euros. Estuvo en el cargo hasta diciembre de 2023 cuando fue sustituido por Pedro Saura otro “hombre del presidente” dedicado a la política desde 1999 que ha ido ocupando diferentes cargos empezando desde lo más bajo como concejal de Torre-Pacheco (Murcia) pasando por senador de designación autonómica hasta ser nombrado secretado de Estado de Transportes en 2018 y presidente de la hotelera pública Paradores del Estado desde 2021. En ambos casos parece lícito cuestionar la idoneidad de ambos nombramientos tanto desde el punto de vista de los principios como por los resultados que han tenido hasta ahora.
Con estos precedentes no parece que el plan estratégico que Correos ha presentado este año para lograr reposicionarse de cara a 2028 vaya a tener éxito. En primer lugar porque no es tanto una cuestión de medios y dinero, de la que esta sociedad estatal va sobrada especialmente si se compara con sus competidores privados, sino de gestión. Así los 4.000 millones pueden servir para tapar el agujero generado en los últimos años pero puede ser también poco eficaz para mejorar su negocio. De hecho, buena parte de este dinero, unos 1.500 millones de euros, se perderá en mejorar las condiciones laborales de sus más de 50.0000 empleados que ya gozan de ventajas propias de un sistema público frente a los empleados de otras compañías similares del sector privado. Entre las medidas, por ejemplo, se incluye una reducción de la jornada hasta las 35 horas semanales. No parece que trabajar menos vaya a mejorar la eficiencia en la atención de sus oficinas o el reparto aunque también es posible que en toda su sección administrativa disminuir sus jornada no se note en exceso como ocurre en muchos puestos de trabajo ineficientes de las administraciones públicas. Al fin y al cabo si una tarea es superflua para el cometido de una organización y la consecución de sus objetivos, dedicarle menos horas puede tener un resultado neutro.
Si bien es cierto que Correos no es una excepción pues todas las empresas controladas por la SEPI son ruinosas sí se erige como la campeona en cuanto a pérdidas.Y eso tiene mérito. Teniendo en cuenta esta experiencia que demuestra la la falacia del “estado emprendedor” cabría plantearse un cambio de modelo en lugar de intentar nuevas estrategias que no dan resultados. Si su privatización completa es una quimera bajo un gobierno socialista, al menos deberían estudiar otro modelo de participación pública que ya existe a través de una participación minoritaria de la SEPI. Una fórmula que permite al Estado tener voz con capacidad de decisión en sociedades que considera estratégicas y que pueden llegar a tener unas cuentas más o menos saneadas como ocurre en Airbus, Indra, o, más recientemente, Telefónica. Puede que no sea el escenario ideal pero sí sería mejor que el actual. Mientras tanto, parece que 4.000 millones de euros son un gasto excesivo para que los contribuyentes pueden llevar a cabo tareas “esenciales” como recibir la propaganda electoral y ejercer su derecho a voto por correo. De lo contrario podemos sospechar que el propósito de Correos no es cubrir el servicio postal sino, como en tantos y tantos casos de empresas públicas y departamentos de la Administración Pública, colocar a los afines y redistribuir el dinero desde el bolsillo de los contribuyentes hacia empresas y amigos como contraprestación de favores presentes, pasados y futuros.
