Resulta difícil en estos días dar con el discurso adecuado para referirse al problema de la inmigración clandestina en Canarias. Sobre todo, porque en general se ha impuesto en la esfera pública un modo de ver el asunto que está muy lejos de promover la búsqueda de soluciones y que, más bien, solo apunta a elaborar un relato, una mera explicación que soslaya los aspectos más incómodos e inquietantes del fenómeno. Ante cada nueva noticia de incidentes en los centros improvisados para acoger a las personas llegadas en pateras, la respuesta suele caer en simplismos y hasta acusaciones infundadas, del tipo “no al racismo”, “no a la xenofobia”, “Canarias siempre ha sido tierra de acogida” y fórmulas similares, sobre las que es probable que la mayoría podamos estar de acuerdo, pero que no aportan nada si se trata de encontrar una salida al problema.
Que en barrios de la ciudad de Las Palmas donde a veces la policía no se atrevía a aventurarse hoy se reciba a los uniformados entre aplausos nos ofrece una prueba de que los problemas de seguridad ciudadana se resuelven no con campañas buenistas o señalando a los que manifiestan que esto no está funcionando, sino oponiendo el orden al desorden, el cumplimiento de la ley a su olvido. Se reclama que Canarias no se convierta en “la cárcel de Europa”, pero es Europa la que no parece aportar gran cosa en la gestión de la crisis, salvo apoyo económico, como lo de los 10.000 euros por cada adulto, financiados con presupuesto de la UE.
Basta con leer los documentos del nuevo plan sobre migración y asilo presentado por la Comisión Europea en septiembre pasado para quedarse con la sensación de que no están en condiciones de acercar, proponer o ejecutar las medidas necesarias. La comisaria europea de Migración, Ylva Johansson, en vez de reconocer que no pueden, no saben o no quieren ser la solución, anunció por entonces tres ejes de actuación, que comenzarían por una “solidaridad obligatoria a la carta y sin cuotas”, seguirían con el refuerzo de las fronteras exteriores y se completarían con el impulso a los retornos de los emigrantes que no cumplan con los requisitos que exigen las solicitudes de asilo. Estamos ya en marzo de 2021 y podemos advertir que ninguna de esas tres condiciones se ha cumplido. ¿Qué entienden por “solidaridad obligatoria”, si es imposible derivarlos a otros países europeos? ¿Qué significa lo del refuerzo de las fronteras, si lo obligatorio es asistir a las barcazas que se acercan a la costa, por muy comprensibles cuestiones humanitarias? ¿Y dónde están las devoluciones a sus países de origen, si no la vemos más que a cuentagotas?
Sucede que, una vez más, la burocracia que controla las decisiones de la Unión Europea parece estar alejada de la realidad y vivir en su limbo de Bruselas sin mostrar ni siquiera la menor autocrítica. De alguna manera, así como se entiende que puede haber sido un error en el tratamiento de la pandemia de covid aquella idea de “convivir con el virus”, quizá en la Comisión estén pensando que a lugares como Canarias no les quedará más remedio que “convivir con la inmigración”, pero entendiendo esto de la peor manera posible: con centros de reclusión donde vegeten hacinadas y en condiciones precarias decenas de miles de personas llegadas de otras latitudes y que nunca tuvieron la intención de estar ahí. Solo a un necio se le puede ocurrir que montar los campamentos que estamos viendo en las Islas no iría a traer consecuencias negativas, en forma de protestas en el mejor de los casos, o de violencia de algún tipo u otro en el peor de ellos. Es como encender la mecha y esperar a que la bomba no explote.
A Canarias no se le ha reservado otro papel que ser la cárcel para unos supervivientes que no han cometido delito alguno. Acoge a miles de personas a las que vemos vagar por nuestras ciudades sin brújula y sin prisa, esperando no sabemos qué ni para cuándo. Hay unas leyes que impiden la libertad de movimientos entre países africanos y europeos, pero nadie parece ver en ello derechos individuales pisoteados. Hallar una salida a todo esto no puede limitarse a los maquillajes lingüísticos de llamarles “migrantes” en vez de “inmigrantes”, porque la realidad seguirá su curso, indiferente a los que creen que con palabras se la puede modificar. La aparente pasividad con que se ha aceptado esta dramática situación por parte de la sociedad canaria, por otra parte, quizá sea muestra de una elogiable paciencia, pero esta es posible que no dure para siempre.
