Bernardo Sagastume
Lo bueno de seguir las noticias de Argentina y de España a la vez es que se puede saber con unos años o a veces meses de antelación qué sucederá en estos países. Algunas veces, las cosas ocurren antes de un lado del charco y, en otras, del otro. Lo podemos ver en los productos culturales, en la industria de la moda y hasta en la adopción de neologismos. Pero la lista no se agota ahí y, por supuesto, la política no es ajena. El caso al que nos vamos a referir es el del kirchnerismo como inspirador del sanchismo. Concretamente, en lo que se refiere a las batallas contra los medios de comunicación y, en especial, contra el poder judicial.
Fue para el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner cuando la presidenta decidió, según sus propias palabras ir a “por todo”. Eso incluía el ataque definitivo a los medios de comunicación, que veía como la principal oposición a su gobierno. Así fue como buscó someterlos a través de una legislación específica, la “ley de medios”, que pretendía “democratizar” el panorama periodístico argentino. El propósito sonará familiar a aquellos que hayan seguido las recientes declaraciones de Pedro Sánchez sobre la composición de las tertulias de radio y televisión o la impunidad de la que, a juicio del presidente, gozan algunos “pseudomedios”. Afortunadamente, el intento de la viuda de Kirchner no se pudo concretar, en buena parte, por la acción de la justicia.
Pero es la justicia la otra destinataria de los ataques de Sánchez, como también lo fue de la señora Fernández en su día. En Argentina fue donde hizo fortuna, al menos en el mundo de habla hispana, la palabra “lawfare”. El cerco judicial a la expresidenta, que ya estaba teniendo frutos en forma de condena, fue respondido desde su gobierno con este concepto, que pretende dar un nuevo nombre a la prevaricación de un juez si tiene motivaciones políticas. Para Baltasar Garzón, amigo personal de la señora de Kirchner, la llevaba adelante un “aparato judicial que representa a una élite económica y política, y que se eleva por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, allanando el terreno para una creciente juristocracia”. Según su punto de vista, “la interpretación del Derecho tiene que ser a favor del progreso de la humanidad” y “los profesionales de la justicia tienen que mantener una concepción progresista”. Las citas provienen de un libro, Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina, donde firman no solo Garzón, sino también José Luis Rodríguez Zapatero y Gerardo Pisarello, entre otros.
Las recientes declaraciones de Sánchez, afirmando que el “lawfare” también existe en España y su carta acusando de oportunismo electoral al juez que investiga a su esposa no hacen más que repetir el guion estrenado durante el kirchnerismo en el país sudamericano. Todavía no ha hablado de juristocracia, pero no deberíamos descartar que lo haga próximamente. El acoso personal al juez Juan Carlos Peinado recuerda el que, con menos disimulo, ejecutó el kirchnerismo con los magistrados que osaban tramitar causas en su contra. El ejemplo más terrible, sin embargo, no lo aportó el ataque un juez sino a un fiscal, Alberto Nisman, que lideraba una denuncia sobre Cristina Fernández por encubrimiento de los autores de los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la mutual judía AMIA veinte años antes. Nisman apareció muerto en su casa la víspera de su comparecencia en el Congreso, donde presentaría una ampliación de sus denuncias. Su muerte (muy probablemente, un asesinato) no solo fue una conmoción en el ámbito judicial, sino que no es aventurado asegurar que su eco político haya sido la derrota en las urnas, ese mismo año, del candidato kirchnerista, Daniel Scioli. Solo el tiempo dirá si con el actual ataque al poder judicial a Sánchez le irá mejor que a Cristina Kirchner.
