El mes de mayo terminó con turbulencias para la diplomacia española con la retirada de su embajador de Buenos Aires. Un conflicto entre España y Argentina que fue escalando desde que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomara partido públicamente en las elecciones de aquel país contra Javier Milei, ahora presidente. Y aunque fue el ministro de transportes español, Óscar Puente, quien sugirió que Milei era drogadicto, las palabras no se convirtieron en hechos hasta que en una visita a España el presidente de Argentina se refirió a los problemas judiciales de la mujer del presidente Sánchez. Todo un culebrón político que se explica en parte por la estrategia de Moncloa de cara a las elecciones europeas pero que tiene una derivada económica si atendemos a la rápida respuesta de las asociaciones empresariales españolas en esta crisis diplomática.
Habitualmente los empresarios son prudentes, prefieren el acuerdo al enfrentamiento directo con los políticos y, siempre que pueden, buscan puntos de encuentro con el gobierno, sea del color que sea. En esta ocasión, sin embargo, sorprendió que corrieran a posicionarse del lado del presidente del Gobierno en boca de Antonio Garamendi, Presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Garamendi y portavoces de otras importantes empresas multinacionales españolas se preocuparon de que un mismo mensaje llegara a los medios a través de entrevistas y comunicados criticando las acusaciones de Milei sobre la esposa del gobernante español incidiendo, además, que no había sido acertado comentarlas en una visita a España. Una coincidencia entre el presidente de la patronal y empresas como Telefónica, Naturgy, Iberia o los principales bancos como BBVA y Santander que además de intereses en las antiguas provincias del Río de la Plata comparten una relación especial con el poder político. Empresas participadas directamente por el gobierno, las públicas, las que dependen de contratos con las administraciones públicas para funcionar o funcionan como extensiones del Banco de España o que dependen de las subvenciones públicas como la patronal. El punto en común, por tanto, es su dependencia gubernamental a la que, según indican varias fuentes, con llamada telefónica de Moncloa de por medio, respondieron con servilismo para atacar al presidente de la Argentina y defender la honorabilidad de la mujer del presidente español. Al parecer no había gustado en las altas esferas gubernamentales la reunión que mantuvieron días antes estos empresarios con el presidente Javier Milei para escuchar sus planes económicos para sacar a Argentina del pozo de pobreza en la que la han sumido los sucesivos gobiernos peronistas. En un primer momento se limitaron a lamentarlo a través de sus terminales mediáticas pero al escuchar las críticas de Milei a la mujer del presidente, que el gobierno ha asumido como ataque directo al gobierno, a pesar de que no ostenta ningún cargo orgánico ni cumple ninguna función constitucional, encontraron el resquicio a través del que presionar a estas empresas para que se posicionaran públicamente. Y lo más relevante de todo es que reaccionario tal y como se les pidió y en medios serios se ha narrado la noticia como si este tipo de llamadas fueran la forma más habitual y natural de proceder. Se dice que el dinero es miedoso por lo que huye de este tipo de conflictos políticos y si en este caso se cumple esta máxima, es bastante indicativo de por qué decidieron tomar partido todos a una al lado del gobierno. Precisamente si el dinero es miedoso y depende en buena parte de las decisiones políticas que se toman en los despachos del Palacio de Moncloa lo más recomendable era reaccionar en lugar de guardar silencio.
Podría parecer una anécdota pero este suceso tan solo es la consecuencia del intervencionismo creciente del gobierno en la economía, y en particular en las empresas capitalizadas. Sin ir más lejos entre estas empresas que respondieron a la llamada de Moncloa se encuentra el antiguo monopolio Telefónica en la que el Ejecutivo español decidió entrar en su accionariado a través de la SEPI para asegurar su “españolidad” hasta hacerse con un 10% de su valor bursátil… que hemos pagado todos los españoles. Pensábamos que el capitalismo era otra cosa. Una concepción que nos retrotrae al pasado en la que el Estado aspiraba a suplir las labores de los empresarios controlando y gestionando empresas consideradas estratégicas a través del Instituto Nacional de Industria (INI) creado a semejanza del IRI del fascismo italiano. Perder lo que los políticos consideran “campeones nacionales” parece ser una de las preocupaciones del actual gobierno como lo demuestra la aprobación por decreto del llamado escudo antiOpas en verano de 2023. Una herramienta a través de la cual se pretende blindar a las empresas españolas de inversiones extranjeras que puedan comprometer la seguridad nacional o los intereses nacionales. Una vez más el lenguaje suena de lo más arcaico y sería imposible que se planteara de no haberse producido un auge del nacionalismo y el populismo, aunque no necesariamente desde los ámbitos sobre los que nos alertan pues estas operaciones están siendo capitaneadas por gobiernos socialdemócratas de toda la vida y supervisadas por instituciones supranacionales como la Unión Europea. BBVA es otra de las empresas que se ha posicionado junto al gobierno y contra Argentina, no es casual tampoco que recientemente lanzara una OPA sobre el Sabadell y a la que el gobierno en bloque se ha opuesto. En la misma línea, y en el marco de una reunión de alto nivel entre España y esa democracia tan ejemplar que es Turquía, Carlos Torres, presidente del BBVA, quiso felicitar al gobierno por la “buena marcha” teniendo en cuenta los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)… olvidando que anteriormente había perdido tanto PIB que todavía estamos volviendo a los niveles anteriores a la pandemia y nos hemos quedado descolgados en prácticamente todas las comparativas de nuestros socios europeos. Aparentemente el BBVA no tendría muchos incentivos para llevarse bien con el gobierno pero en la práctica responde a su llamada y no duda en elogiarlo públicamente. ¿Por qué? Esta situación sería impensable de no ser por esa dependencia, incluso para la aprobación de una OPA entre dos bancos que requiere llevarse bien con el Gobierno. Aunque en este caso se trate de ejemplos concretos lo cierto es que tiene más que ver con el ecosistema que se está generando en el que las empresas de cierto nivel se orientan más a complacer y preocuparse por los intereses de los gobiernos que enfocarse a sus accionistas y a sus clientes.
Un sistema endiablado que puede fortalecer la posición a corto plazo de algún cargo empresarial pero que a medio y largo plazo debilita la salud de la empresa que dirige. No es extraño que en este proceso de intromisión del poder político en el económico se de también el fenómeno conocido como de puertas giratorias. Que empresarios puedan usar su conocimiento para dedicarse al servicio público y que tras su paso por la política vuelvan a la esfera privada resultaría de lo más saludable pero en lugar de eso nos encontramos con que los políticos profesionales que no han tenido otra actividad laboral en su vida que vivir del presupuesto público encuentran una salida acomodada en algún consejo de administración ameritando únicamente su paso por la política, sus contactos y ese llevarse bien que es tan necesario para poder sacar adelante según qué tipo de negocios.
Hechos preocupantes que explican en parte la decadencia económica del país con un IBEX 35 estancado en su valor de hace quince años y hace que nos preguntemos sobre el sistema económico que de verdad tenemos en España. La pescadilla que se muerde la cola, necesitamos un escudo antiOpas porque las empresas españoles valen poco y son apetecibles para el capital extranjero pero lo que hacemos es debilitar todavía más su valor con ese tipo de medidas que ponen en cuestión la credibilidad empresarial y un entorno sano para hacer negocios. Aunque es habitual que en el discurso político se imponga la idea de que las empresas dominan el mercado y el Estado debe regular más un capitalismo que no tienen frenos, lo cierto es que el intervencionismo es muy elevado como denota que el gasto público suponga más del 45% respecto al Producto Interior Bruto. La participación pública en las empresas a través de subvenciones, concesiones o su accionariado también las condiciona pervirtiendo la orientación que en un sistema de mercado libre tiene hacia sus clientes y sus accionistas. Esto explica que muchas de estas compañías fuertemente intervenidas estén más preocupadas por agradar y contentar al ocupante de la Moncloa que a generar valor para sus accionistas no institucionales o innovar para cautivar cada vez a más clientes. El resultado que tenemos es un sistema mixto en el que nominalmente nos referimos como capitalismo pero que no deja de ser una forma de socialismo en cuanto al peso y dependencia de las decisiones políticas que prevalecen sobre las económicas que podría llamarse como capitalismo de Estado. Para los propagandistas del socialismo es un gran avance ya que permite culpar de todos los desequilibrios que esta intervención y planificación económica genera al capitalismo, mientras se aseguran el control de la economía para lograr sus fines políticos. Una fórmula creativa más o menos bien disfrazada en la que en ocasiones se le cae la careta como en esta en la que los principales empresarios obedecen antes a los intereses de los políticos que a los económicos que podrían tener en un país como Argentina en el que todo está por hacer y en el que las oportunidades de inversión empiezan a brillar.
En estos casos el tiempo puede ejercer como juez y, mientras la investigación sobre el supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez avanza tanto en los tribunales españoles como en los europeos, Javier Milei avanza en su plan para sanear la economía argentina sin rectificar sus palabras ni pedir disculpas como exigía el gobierno español. De momento no hay embajador español en Buenos Aires pero eso, más allá de algunos inconvenientes de protocolo, no parece que vaya a tener mayor repercusión mientras los consulados continúan con su actividad normal facilitando las gestiones y trámites que necesitan llevar a cabo ciudadanos y empresas. Al final, quienes quedaron peor retratados fueron esos “grandes” empresarios, que con la boca pequeña defienden el mercado libre frente al intervencionismo mientras responden con celeridad a las llamadas desde Moncloa. Claro que podría cuestionarse si empresario es aquel que se limita a gestionar una empresa o se necesita algo más como afirman autores como Israel Kirzner que hacen referencia a esa función que tienen como descubridores de negocios. Y habría que añadir que deben estar alejados del poder político y sus negocios basados en monopolios institucionales. Para diferenciarlos habría que buscar una nueva denominación para referirse a esta tipología de gestores de cotizadas con línea directa con el Gobierno, hay quien ha propuesto llamarlos “empresaurios”.
